La financiación de la protección social

La ISP tiene un largo historial de campañas en favor de una protección social universal con financiación pública. Al comprender la necesidad de realizar esfuerzos concertados para alcanzar la protección social universal y la importancia de unos niveles mínimos de protección social, la ISP fue una de las organizaciones fundadoras de la Coalición Mundial para unos Niveles Mínimos de Protección Social (GCSPF) y sigue activa en el núcleo de la coalición, como una federación sindical internacional, junto con la CSI.

Los niveles mínimos de protección social son importantes para lograr tres de las principales metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

• ODS 1.3: Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
• ODS 3.8: Lograr la cobertura de salud universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
• OCDE 8.b: De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

La responsabilidad de implementar sistemas de protección social, así como sus niveles mínimos recae en los gobiernos. Por lo tanto, es importante cuestionar las perspectivas que presentan medios impulsados por el sector privado para financiar la protección social como alternativas de valor neutro para la protección social de prestación pública. La conferencia mundial de septiembre constituyó una oportunidad para debatir y poner de manifiesto las adversas consecuencias de tal «innovación».

La protección social es un derecho humano[1], que es esencial para lograr un desarrollo sostenible, así como la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales y la construcción de una sociedad más integradora. Por consiguiente, los gobiernos están obligados a adoptar medidas decisivas a nivel nacional e internacional para hacer realidad la protección social universal[2].

El argumento de que «la protección social no es asequible» no se puede defender, ya que «existen alternativas, incluso en los países más pobres»[3]. Entre ellas se incluye: reasignar el gasto público; incrementar los ingresos fiscales; aumentar la cobertura de la seguridad social y los ingresos contributivos; eliminar los flujos financieros ilícitos; utilizar las reservas fiscales y de divisas; gestionar la deuda, a saber, solicitar préstamos o reestructurar la deuda existente; y adoptar un marco macroeconómico más flexible.

Existen indudablemente desafíos para la financiación de la protección social. Estos, sin embargo, deberían enmarcarse dentro de una perspectiva más amplia del «consenso» neoliberal, con sus pilares de recortes en el gasto social, privatización y desregulación. Hacer frente a los desafíos que plantea la financiación de la protección social requiere que nos esforcemos por influir en las políticas, lo cual incluye un enfoque alternativo que anteponga claramente las personas a la obtención de beneficios en el proceso de elaboración de políticas a escala nacional e internacional.

Durante estos diez años de crisis económica y financiera mundial, las medidas de austeridad solo han empeorado el lamentable estado de vulnerabilidad de la mayor parte de la población humana, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Por lo tanto, ahora es esencial que el movimiento sindical y la sociedad civil envíen un claro mensaje de que la financiación de la protección social no solo es posible, sino que es verdaderamente necesaria para garantizar la estabilidad social y la recuperación económica. La voz de los trabajadores y del movimiento de la sociedad civil en general debe recalcar de manera clara y rotunda en el discurso del desarrollo y en el proceso de elaboración de políticas que solo un enfoque basado en los derechos puede garantizarla.

Por consiguiente, debemos ser cautelosos con respecto a las «innovaciones en materia de financiación de la protección social» que están firmemente enraizadas en la lógica de la privatización, tales como los bonos de impacto social (BIS). Se presentan como una «solución basada en la evidencia»[4]. Y el lanzamiento de los BIS en Colombia en 2017 fue proclamado como «un modelo de APP innovador» para la financiación de la protección social[5]. Esto refleja la creciente expansión de los proyectos de BIS como la nueva imagen de la «privatización encubierta»[6]. Sin embargo las APP en general tienen «deficiencias generalizadas y limitados beneficios»[7] y deberían rechazarse en nuestra consideración de la financiación de la protección social.

La ISP está comprometida con la labor de investigación y el fomento de las políticas que están en consonancia con la Recomendación de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal (Núm. 204) adoptada en 2015, especialmente en la subregión latinoamericana. El ejemplo de AMUSSOL en la República Dominicana muestra que es necesario «alentar la formalización» para consolidar los logros alcanzados en la expansión de la protección social para los trabajadores de la economía informal[8]. Esto se relaciona con el papel fundamental que desempeña la prestación pública de la seguridad social para hacer realidad la protección social universal.  

El borrador del Informe sobre el desarrollo mundial 2019 enmarca la protección social universal como un mecanismo de respuesta al número creciente de personas que no están protegidas por unos regímenes contributivos debido a la naturaleza cambiante del trabajo. No obstante la naturaleza cambiante del trabajo no es únicamente técnica. El trabajo precario se está extendiendo precisamente porque las salvaguardias de las instituciones del mercado de trabajo han sido mermadas a lo largo de las últimas décadas. En esencia, la «protección social universal», tal como está contemplada en el informe, es más bien una forma renovada de «abordar» las prestaciones de protección social y las «redes de seguridad social», por un lado, y la expansión de las IFI de protección social al «gasto social», por otro.

Además, tal como señala acertadamente el comité directivo internacional de la Universidad Global del Trabajo, «lo que se propone en el borrador del informe equivale a hacer recaer todo el peso de la financiación de la protección social en el estado nación», en beneficio de las empresas multinacionales.

Abundan las pruebas, tal como destacaron Ortiz et al (Op cit), de que el mayor desafío con el que se enfrenta el gasto en materia de protección social no es tanto la falta de recursos, sino más bien las decisiones que se toman en materia de política pública, entre las que se incluyen aquellas inspiradas en las condiciones de las instituciones financieras internacionales y el apoyo tácito al afán de lucro a costa de las personas por parte de los estados. La restricción artificial de la financiación de la protección social ha «empeorado con las medidas de austeridad y las reformas laborales precedentes, que incluyen la congelación o reducción de los salarios mínimos, la desregulación del mercado laboral, la privatización de la seguridad social y programas específicos de protección social»[9].

Por ello, la ISP insta a dejar de lado las maneras «innovadoras» que no se enmarcan de manera evidente en la lógica antiausteridad, basada en los derechos humanos. En el centro de la protección social se encuentra la esencia de nuestra solidaridad como seres humanos y la primacía de la financiación y la prestación públicas. Por lo tanto, tiene que vincularse a otras áreas relevantes de nuestro trabajo encaminado a construir una sociedad mejor y más inclusiva, con mayor justicia social y el fomento de la cooperación para el desarrollo centrado en las personas.