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Ante la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la epidemia del virus del Zika como una emergencia sanitaria mundial, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) plantea varias preguntas fundamentales: ¿Por qué están ocurriendo estos brotes y por qué se está tardando tanto en responder a estos brotes?
La ISP cree que la respuesta a este tipo de amenazas consiste en invertir en servicios públicos y mejorar las condiciones laborales del personal del sector público.
“Sólo a través de una respuesta gubernamental completa y apropiada cabe la esperanza de superar estas crisis. Esto no puede dejarse en manos de ciudadanos concretos o de compañías privadas que carecen de la obligación de rendir cuentas. De hecho, la no actuación de los políticos y las actuaciones de las organizaciones privadas han conducido a la inacción frente al cambio climático y a la continuidad de las medidas de austeridad”, afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.
El estudio de las medidas preventivas conocidas para combatir las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el zika, evidencia claramente que los servicios públicos de calidad constituyen un elemento fundamental para su solución.
La OMS resume las medidas para controlar la propagación del zika, que son similares a las medidas para prevenir todas las enfermedades transmitidas por mosquitos. La ISP afirma que la mayoría de estas medidas deberían ejecutarlas servicios de propiedad pública que garanticen una respuesta oportuna, efectiva y transparente.
Por ejemplo, los servicios públicos locales tienen un papel claro que desempeñar en el control de los vectores: garantizando la eliminación de residuos que reduzcan el riesgo de acumulación de aguas estancadas, donde los mosquitos se reproducen. El Estado y los gobiernos nacionales tienen la función de garantizar la limpieza de las vías navegables y que estén bien provistas de peces que comen larvas de mosquito, además del suministro y fumigación con insecticidas seguros y eficaces.
Los gobiernos son también responsables de garantizar la educación sanitaria de la población y apoyar la labor de identificación y notificación de casos por parte de los trabajadores y trabajadoras de la salud, además de ofrecer a la comunidad la educación apropiada. De esta forma, la población puede adoptar medidas preventivas. Esta función de salud pública debería incluso llegar a suministrar equipos de protección personal a aquellas comunidades que no puedan proveerse por sí mismas, por ejemplo, suministrando insecticidas o mosquiteras de uso personal.
Los laboratorios públicos tienen el papel de acelerar la disponibilidad de vacunas y otras medicinas que necesite la comunidad afectada, en lugar de dejar la producción de medicinas en manos de compañías farmacéuticas con ánimo de lucro.
Después del Ébola
Esta reciente declaración de emergencia sanitaria mundial llega tras la crisis del Ébola, que devastó comunidades de toda África occidental provocó más de 11.000 defunciones —un cálculo demasiado bajo, según la propia OMS—.
A pesar de que la mayoría de los casos de zika no son mortales, está creciendo la alarma por las complicaciones derivadas de la exposición a este virus. Aunque aún no se demostró la conexión entre el virus de Zika y el gran número de casos de microcefalia registrados en Brasil, la ISP constata similitudes alarmantes entre las crisis sanitarias del Zika y el Ébola: Las comunidades que más riesgo corren son las que carecen de servicios públicos de calidad, las comunidades de países en desarrollo y las más afectadas por las medidas de austeridad, especialmente las mujeres y los niños, que sufren una y otra vez.
La ISP aboga por que los políticos se responsabilicen de garantizar la puesta en práctica de unas leyes estrictas en torno a los problemas de salud pública, y de la adecuada dotación de los servicios públicos, para que puedan responder a las necesidades de sus comunidades. Si no se actúa en este sentido estallarán con cada vez más frecuencia crisis similares a la del Ébola y el Zika.
La ISP pide a los políticos que actúen con urgencia para garantizar la existencia de unos servicios públicos de calidad para afrontar, y prevenir, este tipo de crisis. La ISP afirma que sólo a través de servicios controlados públicamente cabe la esperanza de poder superar esta crisis y las que están por venir.
Por todo ello, la ISP reclama: