Asia y el Pacífico

En 2009, la ISP encargó la primera versión del informe a David Hall, de la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU). La FSESP y la ISP se han unido para financiar la presente versión revisada y actualizada que creemos aportará a nuestras organizaciones afiliadas de todo el mundo hechos, cifras y argumentos valiosos para la defensa del gasto público, los servicios públicos y los trabajadores del sector público.

Petición (Our World is Not for Sale - OWINFS) firmada por 350 organizaciones, de 115 países, que se oponen al TISA petition signed by over 350 organisations. Available in five languages.

Folleto informativo para distribuir a los miembros ya las protestas públicas

El lunes 28 de abril, las afiliadas de la ISP, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, se movilizan para una jornada de acción en protesta contra las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (en inglés, TISA).

Declaración a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer suscrita por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Internacional de la Educación (IE), la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), organizaciones de la sociedad civil con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.

La Internacional de la Educación (IE) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) se unen a las organizaciones LGBT y otros defensores de los derechos humanos en la condena a la creciente intolerancia y los ataques a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Los gobiernos parecen estar abdicando a su obligación de proteger y promover los derechos humanos de toda la ciudadanía, incluidas las personas LGBT.

El acceso universal a unos servicios públicos de calidad y el trabajo decente son objetivos del desarrollo económico para cuya consecución el comercio internacional no es sino un medio. Las normas de los tratados comerciales no deberían forzar la privatización ni interferir en la restauración o en la expansión de los servicios públicos, allí donde fracasaron los experimentos de explotación privada de los servicios o los rechazaron los gobiernos elegidos democráticamente. Los tratados comerciales no deben cerrar el espacio político ni inhibir la innovación en el suministro de servicios públicos.