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Es hora de una revolución de calidad en el sector de la salud

23 Enero 2019
Rosa Pavanelli, PSI General Secretary
Uno de los principales temas de este número es la necesidad de ir más allá del mero formalismo que favorece la obtención de beneficios para las compañías aseguradoras médicas privadas de diferentes tipos por encima de la prestación de unos servicios de salud de calidad para todos, presentada como «cobertura de salud universal». La posición que la ISP ha mantenido desde hace varios años es que unos servicios de salud de calidad es lo que todos necesitamos, y esto solo es posible cuando la prestación es pública, dice Rosa Pavenelli, Secretaria General de la ISP.

El informe de la Comisión de Salud Mundial Lancet sobre Sistemas de Salud de Alta Calidad (HQSS) en la era de los ODS, publicado en septiembre, refuerza nuestra visión. Demuestra a las claras que la estrategia de cobertura de salud  universal no es suficiente para mejorar la salud en los países de bajos y medianos ingresos (PBMI). La prestación de servicios de salud de calidad es esencial para alcanzar una mejora sostenida en los resultados en materia de salud y la plena realización del derecho humano a la salud.

El informe, titulado «Es hora de una revolución de calidad» (en inglés, en español está disponible el resumen ejecutivo) subraya la importancia de unos sistemas de salud sólidos y la necesidad de que los gobiernos inviertan en la concepción y creación de unos sistemas de salud centrados en las personas y que ofrezcan una atención segura, efectiva y de calidad.

Esta perspectiva refuerza algunas de las ideas expresadas conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) poco antes en julio. En el documento «Delivering quality health services A global imperative for universal health coverage» («La prestación de servicios de salud de calidad: un imperativo mundial para la cobertura de salud  universal»), las tres organizaciones internacionales señalaban que «un mejor acceso a los cuidados de salud sin prestar atención a su calidad no llevará a los resultados deseados en la salud de la población».

También apuntaban que «los servicios de salud seguros, de alta calidad y centrados en las personas constituyen un bien público que se tendría que garantizar para todos los ciudadanos y ciudadanas», subrayando el hecho de que una atención de calidad conforma los cimientos de unos servicios de salud centrados en las personas.

Esta es la posición que la Internacional de Servicios Públicos trabajará y sus afiliadas de todo el mundo han mantenido a lo largo de estos años, frente a reformas impulsadas por las instituciones financieras internacionales que socavan las capacidades de unos sistemas de salud ya fragilizados. Siempre hemos defendido el acceso universal a unos servicios de salud de calidad. La ISP también ha insistido en la evidencia: esto solo es posible como un servicio de salud público universal.

Los gobiernos deben implementar una profunda reforma a fin de llevar a cabo una revolución de calidad en los servicios de salud. Al respecto, existe un consenso entre las partes interesadas en el sector social y de la salud, incluida la ISP. Pero cuando se sostiene, como en la Declaración de Bellagio sobre sistemas de salud de alta calidad, que «estas reformas no se culminarán sin incluir al sector privado de la salud y a otros sectores», una aparente verdad adquiere matices inquietantes.

La cuestión no es tanto sobre si se implica o no al sector privado, es cómo se hace. La ISP tiene afiliadas en el sector privado a las que representa. Probablemente no sea realista obviar algún grado de participación del sector privado en la participación de los servicios de salud, pero esta participación debe tener el debido conocimiento de la salud como un derecho fundamental de todas las personas en palabras y hechos. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta que los servicios de salud no son una mercancía, aunque los presten agentes privados. La mercantilización de los servicios de salud se debe restringir para que el acceso a una prestación de calidad sea universal.

Ya en la década de 1980 con las iniciativas de financiación privada (PFI), y más tarde bajo otras formas como las asociaciones público-privadas (APP), la participación del sector privado en el sistema público de salud, incluida la subcontratación de servicios y de personal, contribuyó a la crisis de calidad a la que nos enfrentamos en la actualidad.

Las corporaciones farmacéuticas y las compañías de seguros médicos, que son gigantes del sector privado como empresas mundiales de los servicios sociales y de salud, también han ganado miles de millones de dólares que se podrían haber invertido en la prestación de unos servicios públicos de salud de calidad, como alquileres, que superan con creces lo que podría considerarse como beneficios. Unas cuantas compañías de seguros médicos multinacionales también se han visto involucradas en la evasión fiscal.

Por otro lado, la prestación de unos servicios de salud de calidad por agentes privados tiene unos precios que no puede permitirse la gran mayoría de la población, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos. La única manera de que estas personas puedan acceder a unos servicios de salud de calidad es si el gobierno mantiene firmemente las riendas del proceso.

Como dije en el momento de publicar el informe:

La salud es un derecho humano fundamental. La responsabilidad de garantizar que cada mujer, hombre y niño disfruta de unos servicios de salud de calidad recae directamente en los gobiernos. Es preocupante, como señalaba la Comisión de Salud Mundial Lancet, que perdemos al menos 8 millones de personas cada año debido a una baja calidad asistencial. Por lo tanto, tenemos que superar la perspectiva dominante de la cobertura de salud  universal.

El reto al que se enfrentan los gobiernos de todo el mundo es poner a las personas por encima del lucro. Esto no debería ser un reto, ya que se supone que los gobiernos están para servir al pueblo y no a las grandes empresas. Sin embargo, la cuestionable influencia de las corporaciones multinacionales sobre los procesos de decisión de los gobiernos y de las organizaciones internacionales se ha vuelto omnipresente a la hora de redefinir unos objetivos, de entrada, nobles. Por ejemplo, «cobertura de salud  universal», no ha significado acceso universal a una atención de salud  de calidad.

Los gobiernos deben invertir lo suficiente en el sistema público de salud y fomentar el diálogo social tripartito en el sector, como se acordó en Trabajar en pro de la salud: plan de acción quinquenal (en inglés). También deben asegurarse de que los proveedores privados de atención de salud  mantienen los estándares de calidad en cuanto a la prestación de servicios y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.

La Internacional de Servicios Públicos y sus afiliadas seguirán defendiendo un sistema público de salud, universal y de calidad. Trabajaremos con los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil para asegurarnos de que la atención de salud  del futuro (en inglés) se centra de verdad en las personas. Por lo tanto, sentaremos las bases de un mundo mejor y más saludable, según lo previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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