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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU inicia un nuevo ciclo de sesiones, pero hay algo que huele mal

01 Marzo 2016
La policía de Corea arrastran un manifestante
El 29 de febrero comienza la 31ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH). Durante las próximas cuatro semanas, representantes de sus 27 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General de la ONU, deliberarán sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en varios países y presentarán sus recomendaciones.

Esto pasaría casi inadvertido entre el cúmulo de noticias de actualidad, a no ser porque su Presidencia la ocupa un país cuyo historial de respeto por los derechos humanos deja mucho que desear. Este año dicho honor recae en Choi Kyong-lim, Representante Permanente de la República de Corea ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza.

Mientras el Sr. Choi preside las sesiones del CDH, el Presidente de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), Han Sang-gyun, y el vicepresidente de la Confederación Coreana de Trabajadores Públicos y del Transporte (KPTU), Cho, Sung-deok, junto a otros 13 prominentes sindicalistas, permanecen encarcelados por haber llevado a cabo actividades sindicales. Se les acusa de ocho delitos, entre ellos, “obstrucción especial del servicio público”, “destrucción especial de bienes públicos”, “obstrucción general del tráfico”, “incumplimiento de la orden de dispersión”, “celebración de asamblea en lugar prohibido”, y “violación del Artículo 11 de la Ley de Asamblea y Manifestación (lugares en los que está prohibido celebrar asambleas y manifestaciones en el exterior)”. Todos están a la espera de juicio.

Además, 496 miembros y representantes sindicales están citados a declarar en relación a su participación en la manifestación del 14 de noviembre de 2015, celebrada en Seúl en protesta contra las reformas laborales que el gobierno está acometiendo y que acarrearán el aumento del trabajo precario y el empeoramiento de las condiciones de trabajo y derechos de los trabajadores, especialmente en el sector público. Además, otras 446 personas están siendo investigadas por violación de la Ley de Asamblea y Manifestación y por “obstrucción general del tráfico”.

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, declaró al concluir su reciente visita a la República de Corea que había percibido una “tendencia de regresión gradual de las libertades de reunión pacífica y asociación  […]. También los tribunales, que deberían siempre aplicar una interpretación de las leyes más favorable a los derechos, recientemente han venido inclinándose por la restricción de derechos en lugar de su expansión”.

Kiai añadió que estos derechos, incluso si no son los más populares entre las personas que no están de hecho ejerciéndolos, “confieren a las personas desposeídas una forma para involucrarse y un papel en la sociedad…”.

En relación a los sindicalistas encarcelados, el Relator Especial afirmó que “en ninguna circunstancia se debería responsabilizar a los organizadores de reuniones pacíficas de los delitos que cometan otras personas, como parece haber sucedido en los casos de Han Sang-gyun y Park Lae-goon” (este último es miembro de la Coalición 4.16, que reclama una comisión de investigación independiente para investigar el accidente del Ferry Sewol, ocurrido el 16 de abril de 2014).

Con respecto a la reciente cancelación del registro de la Unión Coreana de Trabajadores Docentes y de la Educación (KTU), por mantener como miembros a nueve docentes despedidos, Kiai afirmó que “el Derecho internacional de los derechos humanos deja claro que la disolución de un sindicato sólo ocurrirá en casos extremadamente graves y como último resorte. No considero que el caso del sindicato KTU cumpla esta condición”. Vale la pena mencionar que este no es el único caso; desde hace años que el gobierno de Corea viene negando derechos sindicales a otras organizaciones, como por ejemplo el Sindicato Coreano de Trabajadores del Estado (KGEU) y la asociación de bomberos FFCD.

Además, el Relator Especial constató que, en sus deliberaciones con el gobierno, encontró “una palpable indiferencia hacia la capacidad de asociación de los trabajadores”. Y añadió que “el Ministerio de Trabajo me informó sobre su posición “neutral” hacia los sindicatos. Sin embargo, la neutralidad no es suficiente, de acuerdo con el derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone claramente que los Estados deben adoptar medidas positivas para proteger y promover el ejercicio de los derechos fundamentales”.

El Relator Especial instó al gobierno a hacer de esto una prioridad y recomendó la ratificación inmediata de los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como la rescisión de la reserva al Artículo 22 del PIDCP, algo recomendado en repetidas ocasiones por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, que participará en una misión internacional que visitará Corea en las próximas semanas, afirmó que:

“Es una tragedia que en el siglo XXI sigamos siendo testigos de una represión brutal por llevar a cabo actividades sindicales, como es el caso de la perpetrada por las autoridades coreanas contra su pueblo. Un país que dice ser democrático no puede recurrir a prácticas propias de regímenes totalitarios”.

Corea no es el único socio del club de países miembros del CDH que transgreden los derechos humanos y sindicales. Entre sus miembros actuales, cuyo mandato va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se encuentran también a Argelia, Bangladesh, China, El Salvador, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, por citar algunos.

Precisamente fue la elección como miembro del CDH de Arabia Saudita en 2013 la que suscitó la reacción contundente de los grupos defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Pero más allá de su elección en sí misma, resultó controvertida la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones. Los cables diplomáticos filtrados a través de WikiLeaks y difundidos ampliamente en todos los medios revelaron el intercambio de apoyos entre Arabia Saudita y el Reino Unido y cómo este último recibió 100.000 USD en concepto de “gastos resultantes de la campaña para designar al Reino como miembro del Consejo de los Derechos Humanos durante el período 2014-2016”.

Curiosamente, la CDH se estableció en 2006 para sustituir a su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, debido a las críticas a esta última por sus métodos de elección y cambio de votos.

Hace apenas unas semanas, en la sesión inaugural de la 16º Comité Asesor del CDH (18 expertos que actúan como grupo de estudio del CDH) el Sr. Choi afirmó que “el 10º aniversario del Consejo brinda la oportunidad de hacer un balance de sus logros, reflexionar sobre los retos y analizar el camino a seguir”. Tal vez el camino a seguir pasa por sustituir —una vez más— este órgano de derechos humanos por otro que, de una vez por todas, tenga la integridad moral necesaria para servir a sus objetivos.

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