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Declaración Justicia Fiscal y Anti-Corrupción (Buenos Aires, 26 abril 2014)

26 Abril, 2014
Fuente: 
PSI
La provisión de servicios públicos de calidad es un derecho de todos. Asegurar que estos servicios estén adecuadamente financiados y libres de corrupción es esencial para la provisión de los mismos.

La carga del financiamiento de los servicios públicos está incidiendo sobre los trabajadores y pensionistas de manera creciente. Multinacionales e individuos ricos consiguen se esquivar de los impuestos con impunidad, dejando a las personas comunes que carguen des proporcionalmente el peso de los impuestos necesarios para financiar los servicios sociales, atender a las necesidades de los/as ciudadanos/as y financiar el desarrollo económico esencial.

Las reglas y prácticas tributarias nacionales e internacionales dominantes ya no son capaces de asegurar que individuos y compañías muy ricos paguen su participación equitativa. Compañías multinacionales pueden manipular precios internos llevando sus ganancias para lejos de donde su valor es creado. Paraísos fiscales son usados por esas compañías y por los muy ricos para evitar impuestos y esconder riqueza. Los mismos procesos son utilizados para lavar las ganancias de la corrupción, frecuentemente aso ciadas con sobornos pagados para privatizaciones corruptas. Las instituciones globales que deben regular estas actividades no están haciendo el suficiente para resolver estos problemas.

Gobiernos nacionales están cada vez más dándole beneficios fiscales a esas compañías, a costa del bien común. Exenciones fiscales y subsidios son dados para grandes compañías mientras los trabajadores son forzados a aceptar menores salarios y soportar más carga fiscal. Frecuentemente esto es resultado de las amenazas de las compañías de remover su inversión y en algún momento esto son simplemente resultados de decisiones corruptas. Cada vez más, estos beneficios son concedidos a amigos y donantes de la clase política.

La implementación de medidas de austeridad que a gravan la pobreza y la inequidad en todos los lugares aumenta la necesidad urgente de justicia fiscal. Se hace con que el público pague por una crisis financiera que no es de su responsabilidad.

El rol de los/as trabajadores/es de control público y recaudadores/as de impuestos es crucial en esa tarea. Ningún gobierno puede asegurar que los ingresos públicos adecuados sean colectados sin recursos adecuados para tanto. Los/as trabajadores/as en esos órganos deben ser capaces de conducir su trabajo libres del miedo de represalias y libres para denunciar la corrupción cuando ellos la descubren. El derecho de organizar y formar sindicatos libres es esencial para estos trabajadores/as públicos. El derecho a la seguridad en el empleo es primordial.

Nosotros debemos hacer que nuestros gobiernos rindan cuentas. Solo ellos pueden asegurar que los muy ricos paguen su participación equitativa. Nuestros gobiernos deben asegurar que las instituciones globales creen reglas justas que garanticen que las compañías multinacionales paguen sus impuestos y que se detengan los sistemas internacionales y políticas que apoyan la evasión legal de impuestos y los paraísos fiscales.

Los gobiernos deben hacer cumplir las administraciones fiscales justas, progresivas, transparente s y suficientemente dotadas de recursos.

Nos comprometemos a realizar acciones para presionar nuestros gobiernos a escuchar. Nos comprometemos a asegurar que las personas en cada país reciban su parte equitativa en servicios públicos y protección social.

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