Declaración de la ISP a la Novena Conferencia Ministerial de la OMC

La agenda de liberalización comercial ha causado mucho daño sin apenas conseguir abordar los desafíos fundamentales de nuestro tiempo. Los mercados no solo no propiciaron medidas para luchar contra el cambio climático sino que, en muchos casos, la privatización contribuyó a los desastres ecológicos. El desarrollo continúa estancado en demasiados países. La gran mayoría de la población mundial no tiene acceso a las protecciones sociales universales, a un trabajo decente y a un salario vital. Los acuerdos comerciales, al estar fuera de las normas de la Organización Internacional del Trabajo tripartita, promueven el flujo no regulado de migraciones laborales, al tiempo que debilitan las instituciones que protegerían de la explotación a estos trabajadores y trabajadoras.

La corrupción continúa siendo una plaga para las comunidades, minando la confianza en los gobiernos y robando los medios que permitirían suministrar los elementos esenciales para la vida de muchas personas. La mayoría de la población mundial no tiene a su alcance un abastecimiento público de agua y energía, limpio, asequible y confiable. Y la agenda de comercio nada hace por volver a reglamentar los mercados financieros e impedir que una reducida élite continúe beneficiándose desmesuradamente, mientras desestabiliza la economía mundial.

Y, sin embargo, jamás estuvo tan al alcance de la mano la posibilidad de ofrecer a las comunidades servicios públicos de calidad accesibles universalmente. Los ingresos empresariales continúan creciendo. Pero unas normas fiscales endebles o desfasadas se muestran incapaces de capturar los ingresos de las empresas para financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la gestión de residuos, el agua y la energía. Las compañías mundiales que promovieron la liberalización del comercio se benefician de poder eludir el pago de los impuestos que equitativamente les corresponderían. La actual agenda para la promoción del libre comercio no aborda en absoluto estas cuestiones.

La proliferación de los acuerdos de libre comercio podría aportar beneficios netos a las compañías y naciones más poderosas, pero se trata de ganancias que no se distribuyen y que raramente llegan a quienes más las necesitan, exacerbando las desigualdades. Incluso la OMC admite a regañadientes que en el libre comercio hay ganadores y perdedores.

La próxima generación de acuerdos comerciales tiene poco que ver con los aranceles. Se centra en facilitar el acceso al mercado a las grandes compañías con las mínimas restricciones posibles. La nueva generación de acuerdos de comercio impide de hecho a los gobiernos elegidos democráticamente salvaguardar las normas medioambientales, laborales y sociales que puedan inhibir la actuación de las compañías. Propugnan una reducción de las protecciones a los trabajadores migrantes, tratándoles de forma inmoral como otro bien más, objeto de compraventa a través de los mercados liberalizados. Resulta alarmante que quienes negocian estos acuerdos desoigan las advertencias de la crisis financiera y pretendan prohibir precisamente la normativa financiera necesaria para garantizar que los mercados de capitales no puedan nunca más paralizar la economía. Es un escándalo la tendencia a crear derechos corporativos antepuestos a los derechos de la ciudadanía y de las naciones, especialmente los aplicables a través de tribunales privados.

Para contar con la legitimidad a ojos de la mayoría, el marco mundial del comercio debe construirse sobre la base del respeto universal al desarrollo de los seres humanos.

Debe ser abierto, equilibrado e inclusivo. Los miembros de la OMC deben dar el primer paso respetando el mandato de desarrollo otorgado en Doha a la OMC.

Servicios públicos por el bien común
Los servicios públicos no tienen cabida en los acuerdos comerciales, que se centran en los mecanismos de mercado y en el ánimo de lucro. Los servicios públicos de calidad son dinámicos y evolucionan para responder a las transformaciones del entorno, de la tecnología, a las prioridades políticas y a los objetivos sociales. Para ofrecer servicios públicos de calidad, los gobiernos han de contar con el máximo espacio político posible y con todas las herramientas normativas posibles. Los modelos mixtos público/privados no hacen sino aumentar la necesidad de espacio político y no sirven de base para la inclusión. Los servicios públicos ampliamente definidos, deben estar separados de todos los acuerdos comerciales.

Los gobiernos deben poder regular los servicios esenciales
Las normas del actual Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) no deberían servir de base para la liberalización. Las normas de Acceso a los Mercados del AGCS prohíben las reglas de interés público, aplicables por igual a compañías nacionales y extranjeras para promover la estabilidad financiera, la seguridad de los consumidores, la salud pública, la calidad medioambiental y el acceso universal a la educación, el agua, energía y los servicios de transporte. El AGCS contiene, además, limitaciones adicionales a la reglamentación nacional de las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, normas técnicas y prescripciones en materia de licencias. Acuerdos futuros, como el Acuerdo del Comercio de Servicios (TISA), no deberían ampliar los requisitos de desregulación ya existentes en el AGCS, al contrario debería reducirlos.

Sanidad y medicinas asequibles – No a los monopolios de patentes
La Declaración de Doha en relación al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) reafirmó las flexibilidades contenidas en los ADPIC y su utilización para abordar las necesidades de salud pública de los Estados miembros de la OMC. Sin embargo, las negociaciones que siguieron a dicha declaración concluyeron sin llegar a establecer un mecanismo viable para traducir los derechos acordados en un acceso real. Los Estados miembros deben revisar la decisión del 30 de agosto de 2003 de no aplicar el Artículo 31 (f) de los ADPIC, y la subsiguiente decisión de enmendar los ADPIC en 2005, y mejorar estas decisiones para hacerlas más viables. Los miembros deberían acordar una moratoria permanente sobre las demandas de "no violación" en el contexto de los ADPIC y proceder a una renuncia permanente de las obligaciones de los ADPIC para los países menos avanzados, sin condición alguna.

Estabilidad financiera - no a la desregulación financiera
Las normas de desregulación y liberalización de la OMC en el sector de servicios financieros establecen el escenario para la crisis financiera mundial. Sin embargo, mientras en el G20, la mayoría de los gobiernos e incluso el FMI han reconocido la necesidad de volver a regular el sistema financiero, las normas del AGCS de la OMC obstaculizan los esfuerzos encaminados a la regulación financiera. Las propuestas actuales en las negociaciones de AGCS impondrían limitaciones adicionales a la reglamentación nacional y ampliarían el alcance de los requisitos de desregulación. Son necesarios cambios inmediatos en las normas actuales del AGCS en relación a los servicios financieros, y no se debería acometer dentro de la OMC ninguna nueva desregulación y liberalización de los servicios financieros. Las normas existentes y propuestas del AGCS deberían revisarse a la luz de la crisis financiera y, a continuación, clarificarse para garantizar espacio político a todos los países para que puedan aplicar medidas macroprudenciales, tales como los controles de capitales y las tasas a las transacciones financieras, así como implementar otras medidas financieras regulatorias y cautelares.

Las normas comerciales que apoyan los derechos a la alimentación
Los productos alimenticios no son un producto más. El derecho a una alimentación nutritiva, segura y suficiente es un derecho humano. El aumento de la desregulación y liberalización de los mercados de productos alimenticios han expuesto a pequeños granjeros, trabajadores y consumidores a fluctuaciones inaceptables tanto en los precios como en la disponibilidad de los alimentos, que han tenido efectos devastadores para las personas más vulnerables del planeta. Se deben rechazar la excesiva especulación de los mercados de materias primas y aquellas normas alimentarias mundiales – redactadas en gran medida para satisfacer a las empresas de la industria agraria – que tratan los alimentos como productos para el lucro corporativo. Se tiene que respetar el derecho de los países en desarrollo a subvencionar alimentos para los pobres, incluso a través de pagos directos a agricultores pobres, tal y como se propone en las actuales negociaciones del G33, a fin promover la seguridad alimentaria y el derecho a recaudar aranceles y otras medidas que posibiliten la protección del medio de vida de los agricultores, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, a través de un tipo de mecanismo de salvaguardia especial más flexible (SSM) que el que propone actualmente la OMC. No se debería pedir ningún compromiso adicional en materia de agricultura a los países menos avanzados. Las normas comerciales deben modificarse para facilitar la adecuada reglamentación de las materias primas con el fin de evitar la excesiva especulación y volatilidad de los mercados mundiales.

Los acuerdos comerciales no deberían regular la migración laboral
Los trabajadores y trabajadoras no son mercancías y los acuerdos comerciales no deberían regular sus movimientos. Contrariamente a los bienes y servicios, las personas necesitan instituciones que protejan sus derechos humanos. Sólo el proceso de establecimiento de normas tripartito de la Organización Internacional del Trabajo es competente para regular la migración laboral.

La OMC no es el foro para establecer la política relativa al cambio climático
La liberalización del comercio y la expansión del mercado no pueden abordar el cambio climático. Los principios de desarrollo sustentable no son esenciales para la OMC y esta no debería limitar el espacio político de las autoridades competentes para resolver los problemas relacionados con el clima. Las normas de los ADPICS deberían enmendarse para permitir que los países negocien flexibilidades adicionales al régimen de propiedad intelectual en relación con la transferencia de tecnología, incluso en otros órganos multilaterales que abordan el cambio climático. Las políticas en relación con el cambio climático no deberían ser puestas en tela de juicio a través del mecanismo de resolución de conflictos de la OMC. La OMC debería abstenerse de introducir una nueva agenda sobre el “cambio climático”.

No al libre comercio sin sindicatos independientes y sin derechos laborales fundamentales
El derecho a formar y a afiliarse a sindicatos independientes, a negociar colectivamente y a la huelga son derechos humanos. Los países, presionados por los intereses empresariales, a veces socavan estos derechos para obtener una ventaja competitiva. No hay igualdad de condiciones si se permite que haya países que violen los derechos humanos y laborales fundamentales; esos países deberían ser excluidos de los beneficios de cualquier acuerdo de libre comercio mientras continúen violando dichos derechos.

El comercio debe servir para el desarrollo
El comercio debe ser una herramienta para el desarrollo a disposición de los países en desarrollo. El comercio no es un objetivo en sí mismo. Si el resultado del comercio, a raíz de las normas vigentes o propuestas, merma de hecho la capacidad de desarrollo de la población pobre y de los países pobres, será necesario introducir nuevas normas. Los miembros de la OMC deberían concluir un acuerdo que responda a las 88 propuestas que aparecieron previamente en las negociaciones, con el fin de hacer más operativos y eficaces los principios de Trato Especial y Diferenciado; simplificar las normas de origen a fin de mejorar el acceso a los mercados de los países en desarrollo; facilitar un acceso sin impuestos y sin cuotas a todos los productos de los países menos avanzados; eliminar todas las subvenciones al algodón, y ampliar indefinidamente las exenciones a los servicios que en la actualidad disfrutan los países menos avanzados.

Más información:

• Declaración de la ISP (PDF) a la Novena Conferencia Ministerial de la OMC
• Declaración de la Internacional de Servicios Públicos sobre el  Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) - (en varios idiomas)
• Evento de la ISP sobre el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (en íngles) en Bali
• Comentario de Rosa Pavanelli (en íngles), de la ISP, sobre la OMC
• Declaración de Prioridades de la Agrupación Global Unions  para la Novena Conferencia Ministerial de la OMC
• Declaración de la sociedad civil mundial sobre el fracaso de las negociaciones.