We are building a better web presence. Visit our beta website to take part in a better experience which will replace the current site by the end of the year.

Declaración de Castries sobre la sustentabilidad de la deuda y la financiación para el desarrollo

12 Julio 2018
Las afiliadas de la ISP en la subregión del Caribe adoptaron una declaración conjunta sobre la Sustentabilidad de la Deuda y la Financiación para el Desarrollo en Castries, Santa Lucía, el 5 de julio.

La ISP organizó un taller sobre la sustentabilidad de la deuda en Castries, con la participación de la red Jubileo EE.UU. y Jubileo Caribe, durante el cual se examinaron estudios de casos y se debatió el impacto de la reciente temporada de huracanes. Las afiliadas de la ISP aprendieron más sobre el trabajo en curso de los posibles socios de la coalición. Esto forma parte del trabajo de la ISP sobre la Financiación para el Desarrollo y la Agenda 2030. Se creará un grupo de trabajo para desarrollar un plan de trabajo de apoyo a las afiliadas en la región.

-------------------

Declaración de Castries sobre la sustentabilidad de la deuda y la financiación para el desarrollo
Adoptada por el Comité Subregional para el Caribe de la ISP, Santa Lucía, 4-5 de julio de 2018

INTRODUCCIÓN // Según las proyecciones, de seguir su curso actual, para el año 2020, la deuda seguirá siendo insostenible en once Estados caribeños, que se encuentran entre los veinte más endeudados del mundo, y no habrá ningún cambio para el año 2030, cuando la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible haya cumplido su curso.

Las consecuencias de las crisis de la deuda soberana son devastadoras. Suelen conllevar recortes en los servicios de salud, educación y otros servicios sociales, privatizaciones, desempleo, recortes en los salarios y condiciones reales de los trabajadores, recortes en las pensiones, aumento de los impuestos regresivos sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo y debilitamiento de la democracia, a medida que los Gobiernos soberanos se vuelven dependientes de las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Banco Mundial y el FMI, y de las condiciones que estas imponen.

El argumento de que los países son indisciplinados y que la gente estuvo viviendo por encima de sus posibilidades rara vez es cierto. La deuda soberana suele deberse a la incompetencia política y/o a la corrupción de los Gobiernos y a su protección de los intereses de las élites nacionales y mundiales. Los acreedores también son corresponsables de crear niveles de deuda insostenibles. Además, los Gobiernos de los países más ricos no imponen unas normas internacionales que obliguen a sus empresas multinacionales a pagar impuestos en los lugares donde operan.

Resulta trágico comprobar cómo las medidas de austeridad prescritas por las IFI y los acreedores agravan los problemas. En África, las Américas y, más recientemente, Grecia y Puerto Rico, hemos podido comprobar cómo la austeridad socava la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.  El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la principal razón de la desigualdad y del aumento de las tasas de pobreza radica en la deuda insostenible. Los Estados y territorios del Caribe se enfrentan a políticas de austeridad, más desempleo y tasas de pobreza rampantes al intentar evitar incumplimientos y renegociar las elevadas deudas.

DISCUSIÓN // Durante la reunión sobre la sostenibilidad de la deuda y la financiación para el desarrollo, escuchamos enérgicos testimonios de las afiliadas de la ISP en la región, que dejaron muy claro que la reestructuración de la deuda es de las principales preocupaciones del movimiento sindical. Cuando se avecina el impago de la deuda, este se cierne como una espada de Damocles sobre los servicios públicos y la financiación adecuada de los bienes públicos. Se subrayó que la inmensa deuda soberana a la que se enfrentan muchos países del Caribe es consecuencia de los antiguos acuerdos de crédito, las altas tasas de interés y las recientes decisiones políticas, que agravan la situación mediante la proliferación de asociaciones entre el sector público y el privado (APP), en el ámbito de las infraestructuras y en el de la prestación de servicios.

Los recurrentes desastres naturales en la región han agravado sustancialmente la crisis de la deuda, haciendo aún más difícil capear futuros huracanes y otras emergencias. Debido a décadas de des-financiamiento de los servicios públicos y a la falta de inversión en infraestructuras, éstos se han debilitado, y los Estados caribeños han visto mermada su capacidad de responder a los desafíos que el cambio climático suscita, al tiempo que eleva cada vez más el coste de recuperarse de estos devastadores fenómenos. El resultado inmediato de los paquetes de reestructuración de la deuda propuestos por las IFI es un ciclo más de desfinanciación, de recortes en los servicios públicos y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. La última temporada de huracanes fue una de las más violentas registradas en la historia reciente, según los expertos, pero la próxima no será menos aterradora.

Algunas islas, como Dominica y Barbuda, sufrieron daños masivos. Otras islas se vieron menos afectadas. Pero todos los Estados tienen en común la amenaza a los servicios públicos y la necesidad de responder al mantra neoliberal que defiende la privatización y a las promesas vacías de las APP. Los Estados del Caribe son, en su mayoría, países de ingresos medios y altos, por lo que no tienen acceso a financiamiento en condiciones favorables. El alto nivel de servicio de la deuda, junto con el bajo crecimiento, el escaso espacio fiscal y los déficits cambiarios tienen un efecto negativo en el desarrollo sustentable.

La ISP y sus afiliadas tienen una visión alternativa para el futuro. Necesitamos un cambio de política que nos permita cumplir un programa basado en los derechos humanos, en el que los servicios públicos jueguen un papel clave, se coloque a las personas por encima de los beneficios y se garantice un desarrollo que priorice a las personas. Los Gobiernos deben tomarse en serio el compromiso contraído en los pactos mundiales y estar a la altura de las circunstancias, en lugar de ceder ante los intereses de una minoría.

El núcleo de nuestra estrategia consiste en resistir las presiones de un puñado de multinacionales en cada sector, examinar su historial en otros países y regiones, analizar las fuerzas que impulsan las privatizaciones y las APP. Debemos monitorear y analizar exhaustivamente los acuerdos de APP vigentes en los servicios del agua, aeropuertos, prisiones y otros sectores. Ello también significa evaluar el impacto social y presupuestario de tales acuerdos. Necesitamos tener una visión holística de las políticas financieras, tributarias y comerciales, necesarias para defender y promover los servicios públicos para todos y para todas, suministrados por agentes públicos, y eso incluye promover sistemas tributarios progresivos y asegurarnos de que todos los agentes económicos pagan lo que les corresponde, como se establece claramente en el Programa de Acción de la ISP adoptado en el Congreso en noviembre de 2017.

Las afiliadas de la ISP reconocen la contribución constructiva de la Red Jubileo EE.UU. y Jubileo Caribe a la reunión, así como su propuesta de reducción de la deuda como respuesta a la crisis. La reducción de la deuda puede proporcionar un acceso inmediato a recursos que ya están en manos de las autoridades que, por lo tanto, no es necesario obtener mediante largos procedimientos de pignoración. Se trata de fondos por lo general ya destinados al servicio de la deuda en los presupuestos nacionales, que pasarían a destinarse a la ayuda de emergencia y la reconstrucción, sólo en casos de necesidad obvia e innegable.

El procedimiento implicaría dos operaciones de reducción de la deuda, que responderían a dos dimensiones de la crisis: una moratoria del pago de la deuda, que pondría los recursos del Gobierno destinados a los acreedores externos inmediatamente a disposición de la ayuda de emergencia; y un marco prediseñado para reestructurar la totalidad de la deuda externa pública existente, a fin de ofrecer el suficiente espacio fiscal para la reconstrucción a medio plazo e impedir que el país se encuentre de nuevo con problemas de sobreendeudamiento al enfrentar la próxima crisis, según el calendario promedio estadísticamente.

CONCLUSIÓN // Por lo tanto, las afiliadas de la ISP declaramos nuestro compromiso de desarrollar una respuesta nacional, subregional y mundial sobre la sustentabilidad de la deuda, que se centrará en el desarrollo de las capacidades, la promoción y la formación de coaliciones para: auditar la deuda soberana; proponer soluciones alternativas de reestructuración de la deuda, conjuntamente con reformas fiscales progresivas y planes de desarrollo económico. Esto requiere el desarrollo de habilidades, la creación de asociaciones con organizaciones de ideas afines y el fortalecimiento de los grupos de trabajadores y trabajadoras jóvenes en los sindicatos.

Los paquetes de sustentabilidad de la deuda deben incluir leyes que garanticen la responsabilidad presupuestaria y la rendición de cuentas, la reducción de la deuda con los acreedores privados y con los acreedores que se niegan a participar en el proceso de reestructuración, planes para prevenir la austeridad y la reducción de la evasión fiscal de los profesionales y las empresas, para proteger los puestos de trabajo en el sector público. Aspiramos a una participación significativa en las negociaciones entre el FMI y los Gobiernos, a través del cabildeo con los embajadores del Caribe, los ministros de Finanzas y los primeros ministros.

***

Para más información:

Ver también