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Medidas centrales de la agenda política del gobierno de Michel Temer, las reformas enfrentan a una dura oposición de movimientos sindicales y sociales, que denuncian que éstas resultarán en grandes pérdidas para trabajadores y trabajadoras.
“Desde 1991 vengo con alguna frecuencia a Brasília, debido a la militancia y/o el ejercicio de mandatos sindicales, además de haber vivido por dos años en la ciudad, en 2011 y 2012. Sin embargo, nunca vi al Congreso tan cercado, sitiado y cerrado al pueblo. Ni en los gobiernos de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso. Aparte de la represión policial, impresiona el abuso de los agentes de seguridad, que, cuando pasamos por los detectores de metales, aprovecharon la oportunidad y el aparato represivo, e imbuidos del espíritu antidemocrático y represor, confiscaron libros, cartillas, revistas con logotipos de entidades sindicales o partidarias… de izquierda, claro. Hay censura de contenido de los materiales. Los parlamentarios ignoran los intereses colectivos de forma provocadora. Fue robado nuestro derecho más básico, ya bastante limitado, de asistir a las sesiones de votación y audiencias públicas”, relata Denise Motta Dau, asesora de la Internacional de Servicios Públicos en Brasil, que está en la capital brasileña para hacer el seguimiento de las tramitaciones de las reformas.
En la noche del martes, la Comisión Especial de la Reforma al Sistema de Jubilaciones concluyó la votación de las adiciones al informe del diputado federal Arthur Maia, liberando el texto para votación en el pleno de la Cámara de Diputados. Se espera que se vote la reforma en los días 24 y 31 de mayo. Las entidades sindicales denuncian la total falta de diálogo y negociación efectivos sobre el tema.
La reforma laboral, aprobada en la Cámara, actualmente tramita en el Senado. El martes, el senador Romero Jucá, líder del gobierno en la casa, dijo que presentaría una solicitación para que el texto fuera tratado en régimen de urgencia. Sin embargo, más tarde afirmó que solo lo pediría cuando la materia llegara al pleno, no mientras se la analiza en las tres comisiones previstas: Constitución y Justicia, Asuntos Económicos y Asuntos Sociales.