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AECG: Comercializar la democracia

4 Diciembre, 2014
Fuente: 
L’Observatoire européen des entreprises
El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) concluido con Canadá podría desencadenar una ola de pleitos corporativos contra Canadá, la UE y sus Estados miembros – destacadamente las filiales canadienses de multinacionales americanas. Este profundo análisis de los derechos de los inversores del AECG realizado por el Observatorio europeo de empresas, 14 ONGs medio ambientales, grupos de ciudadanos y sindicatos de trabajadores de ambos lados del Atlántico expone los peligros de este acuerdo.

El mecanismo de SCIE concede a las grandes empresas extranjeras la potestad de demandar directamente a los países ante tribunales internacionales privados y exigirles una indemnización por adoptar salvaguardias en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en opinión de dichas empresas, socaven sus derechos. La resolución de estos litigios inversor-Estado depende de árbitros comerciales privados a los que se les paga por cada caso que examinan, y que muestran una clara tendencia a interpretar la ley en favor de los inversores.

El mecanismo de SCIE puede impedir que los Gobiernos actúen en el interés público, tanto de forma directa, cuando una gran empresa demanda a un Estado, como indirecta, al desincentivar que se adopten determinadas leyes por miedo a provocar una demanda. En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco, prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos o de la explotación minera, normas que requieren que se realicen evaluaciones de impacto ambiental y otras leyes relacionadas con residuos peligrosos, medidas tributarias y políticas fiscales.

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